El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, se pronunció sobre la auditoría practicada al proyecto Centinela, al señalar que lo más importante es permitir que el procedimiento avance conforme a la ley y esperar a que las instituciones competentes emitan sus resoluciones.
De la Peña subrayó que los temas de transparencia, buenas prácticas administrativas y la atención de posibles faltas cometidas por funcionarios públicos forman parte de la convicción de la gobernadora Maru Campos de llevar la rendición de cuentas y la correcta administración pública más allá del discurso, y trasladarlas a los hechos.
Indicó que, a diferencia de otros actores políticos que —dijo— suelen recurrir a discursos grandilocuentes en materia anticorrupción sin resultados tangibles, la actual administración estatal privilegia el respeto pleno a la ley como base para consolidar una gestión transparente y eficiente.
En ese contexto, el funcionario explicó que si la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó alguna inconsistencia en el proyecto Centinela, actúa en cumplimiento de su responsabilidad legal al realizar las revisiones correspondientes. A partir de los resultados de dichas auditorías, añadió, se determinará si es necesario iniciar algún procedimiento administrativo o legal.
“Si creemos en un país de leyes y en que Chihuahua debe diferenciarse de otras entidades o de administraciones pasadas, debemos ser respetuosos de las observaciones de la auditoría y esperar a que las instituciones del Estado resuelvan”, expresó.
Finalmente, señaló que será la propia ASE, y en su caso la Fiscalía, quienes definan si procede alguna sanción o si las observaciones pueden ser subsanadas, reiterando que el Gobierno del Estado se mantendrá a la expectativa y en estricto apego a la legalidad.